En un contexto donde los incendios en Córdoba se han convertido en una amenaza constante para la vida, las viviendas y la biodiversidad, el Gobierno nacional ha dado un paso importante al anunciar su proyecto de reforma al Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas para quienes provoquen incendios intencionales. Esta iniciativa es una respuesta a la creciente preocupación por los desastres que afectan a la provincia, donde en 2024 se perdieron más de 100.000 hectáreas, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.
Es importante destacar que el proyecto nacional no es el único que se encuentra sobre la mesa. Desde 2024, diversos diputados cordobeses han impulsado propuestas para combatir el problema recurrente. Uno de los más destacados es el del diputado nacional Juan Brügge (Encuentro Federal), quien, junto a sus colegas Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto que busca aumentar las penas para los responsables de provocar incendios. Este proyecto ha avanzado en la Comisión de Legislación Penal y se encuentra cerca de ser aprobado, aunque con algunos puntos aún pendientes de ajuste, como la elevación de los mínimos de las penas, tal como sugieren los fiscales cordobeses.
Prisión efectiva
Actualmente, el artículo 186 del Código Penal establece penas que oscilan entre tres años de prisión para quienes inicien incendios en bosques, montes o pasturas. Sin embargo, estas sanciones resultan insuficientes, ya que, en la práctica, la pena mínima de tres años es excarcelable, permitiendo que los culpables continúen libres tras el juicio. La reforma propuesta por Brügge contempla un aumento en las penas: de cuatro años de prisión en adelante, con un máximo de 20 años para los casos más graves, lo que podría garantizar que los responsables no queden impunes.
El proyecto también propone modificaciones significativas en la penalización del delito culposo, que ocurre cuando el incendio es causado por negligencia. La pena, que actualmente va de uno a tres años, pasaría a un rango de tres a siete años, con penas aún más severas en caso de lesiones graves o muertes, llegando hasta 20 años de prisión.
Además de la modificación del Código Penal, el proyecto introduce una figura agravante: cuando un incendio pone en riesgo la vida de las personas con la intención de alterar el entorno natural, lo que incrementaría la gravedad del delito. Brügge enfatizó la necesidad de dotar a la Justicia de herramientas más eficaces para aprehender a los responsables y garantizar que sean juzgados y encarcelados, lo cual también está relacionado con la urgente necesidad de un plan de educación y prevención de incendios a nivel nacional.
En este sentido, la propuesta resalta la falencia del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, que actualmente cuenta con un presupuesto insuficiente para ser efectivo. Si el presidente Javier Milei incluyera este proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias, el proyecto podría ser tratado en el Congreso esta misma semana.
Por otro lado, la provincia de Córdoba ha avanzado en la creación de su propio régimen sancionatorio y administrativo en relación con las infracciones ambientales. La ley 11.027, aprobada en diciembre de 2024, establece un sistema unificado de sanciones, con una unidad fija de multa que se mide en litros de combustible y da al Ministerio de Ambiente la capacidad de ajustar los valores de las multas según la gravedad de la infracción. Esta norma también crea un registro de infractores ambientales y un Tribunal Administrativo Ambiental que será el encargado de juzgar y aplicar las sanciones correspondientes.
En cuanto al enfoque hacia la remediación, el presidente de la Comisión de Ambiente de la Unicameral, Abraham Galo, remarcó la importancia de restaurar los daños causados por los incendios. “Más allá de las sanciones, lo crucial es la reparación del daño ambiental. Este régimen sancionatorio innovador permitirá frenar el avance de la destrucción de nuestros recursos naturales”, afirmó Galo.
Con el escenario actual, donde cada vez son más los incendios que arrasan con vastas extensiones de territorio, no queda duda de que se requieren reglas claras y castigos contundentes. Córdoba, como muchas otras regiones, necesita un marco normativo que proteja su patrimonio natural y que garantice que los responsables de estos desastres no queden impunes. El endurecimiento de las penas por incendios intencionales es solo un primer paso, pero es un paso necesario en la construcción de una Córdoba más segura y protegida.
