Héctor Brondo (*)
La avanzada del gobierno nacional sobre los derechos laborales en general y sobre el ejercicio del periodismo en particular configura un escenario preocupante para la vida democrática argentina. Bajo el argumento de combatir la desinformación y de terminar con supuestos “relatos mediáticos” financiados por la publicidad oficial, la gestión de Javier Milei impulsa iniciativas que, lejos de fortalecer la libertad de expresión, parecen orientadas a disciplinar voces críticas y debilitar garantías históricas.
La reciente creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial se inscribe en esa lógica. Que el Estado asuma la potestad de “identificar y refutar” informaciones consideradas erróneas abre un terreno resbaladizo: ¿quién define qué es desinformación?, ¿con qué criterios?, ¿desde qué lugar de poder? En un contexto de fuerte confrontación política, esta oficina corre el riesgo de convertirse en un instrumento de estigmatización y presión sobre periodistas y medios, afectando el pluralismo informativo que es base de toda democracia.
Alarma democrática
Más grave aún es el intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma que no es un privilegio corporativo sino una herramienta de protección laboral y, por extensión, de la calidad informativa. El artículo 193 de la llamada “Ley de modernización laboral” apunta a desmantelar un marco que garantiza condiciones mínimas de trabajo, estabilidad relativa y derechos básicos frente a empresas cada vez más concentradas y decididas a precarizar las condiciones laborales. Sin periodistas con derechos, la libertad de prensa se vuelve una consigna vacía.
Una solicitada firmada por más de 3.000 periodistas de todo el país, de todas las corrientes ideológicas y trayectorias evidencia que no se trata de una defensa sectorial ni partidaria, sino de una alarma democrática. Los firmantes no rechazan el debate ni la actualización normativa; rechazan la eliminación unilateral y sin diálogo de una conquista histórica.
En nombre de la “modernización” y la lucha contra la desinformación, el gobierno parece avanzar hacia un modelo donde el Estado reduce derechos laborales y, al mismo tiempo, incrementa su capacidad de intervención sobre el discurso público. Esa combinación es peligrosa: debilita a los trabajadores y fortalece al poder. Y cuando eso ocurre en el periodismo, lo que está en juego no es solo el empleo, sino el derecho de la sociedad a informarse libremente.
(*) Periodista, Editor de Punilla a Diario.
