La crisis que atraviesa Cosquín expone, con crudeza, la fragilidad institucional de muchos municipios argentinos y la peligrosa combinación entre desidia administrativa, intereses privados y respuestas judiciales sin perspectiva social. El embargo del 33% de la coparticipación municipal -unos $160 millones mensuales- no solo amenaza con paralizar servicios esenciales, sino que también revela un conflicto mal resuelto durante dos décadas y cuya magnitud creció al amparo de la inacción política y la laxitud del control público.
El origen de la deuda, nacido en un mecanismo tan simple como irregular -el municipio descontó cuotas a empleados pero nunca las transfirió a la financiera-, muestra una cadena de irresponsabilidades que ninguna gestión posterior corrigió. Más grave aún es que, según denuncia el actual intendente Raúl Cardinali, la convalidación de la deuda se realizó sin aval del Concejo Deliberante, lo que convierte al pasivo millonario en un posible acto administrativo viciado. Sin embargo, el Poder Judicial decidió avanzar con un embargo que desconoce principios básicos de inembargabilidad de fondos públicos y de razonabilidad de las decisiones estatales.
La Justicia, al priorizar el reclamo privado sin ponderar el daño colectivo, corre el riesgo de convertirse en un actor que profundiza el deterioro institucional en lugar de garantizar equilibrio.
Apoyo transversal
El apoyo transversal de los intendentes de Punilla no es solo un gesto corporativo: es la señal de alarma de que el precedente podría replicarse en cualquier localidad vulnerable ante litigios heredados. La Justicia, al priorizar el reclamo privado sin ponderar el daño colectivo, corre el riesgo de convertirse en un actor que profundiza el deterioro institucional en lugar de garantizar equilibrio.
Cosquín hoy es la advertencia: sin controles, sin memoria administrativa y sin una Justicia que contemple el interés público, cualquier municipio puede quedar al borde del colapso.
