Por Héctor Brondo (*)
La presencia de Martín Llaryora en la apertura del Festival de Cosquín no fue solo un gesto institucional: fue una toma de posición política y cultural clara. En un contexto nacional donde desde el Gobierno de Javier Milei se ha puesto en duda el rol del Estado en el apoyo a la cultura y, en particular, a los festivales populares, el gobernador de Córdoba eligió pararse en el lugar opuesto. No desde la confrontación vacía, sino desde la reivindicación concreta de una política pública sostenida en el tiempo.
Mientras Milei concibe a estos eventos como un gasto prescindible o un asunto que debería quedar librado exclusivamente al mercado, Llaryora defendió a Cosquín como lo que es: una expresión profunda de la identidad popular, un motor económico y una fuente real de trabajo. Su mensaje fue claro: los festivales no son un lujo ni una excentricidad, sino parte constitutiva de la vida cultural, social y productiva de las provincias.
Articulación posible y exitosa
Cosquín, con sus nueve lunas, su historia y su capacidad de convocar a cientos de miles de personas, demuestra que la articulación entre lo público y lo privado no solo es posible, sino exitosa. Allí donde el discurso libertario ve subsidios y despilfarro, la experiencia cordobesa muestra turismo, empleo, federalismo cultural y comunidades fortalecidas.
Llaryora defendió a Cosquín como lo que es: una expresión profunda de la identidad popular, un motor económico y una fuente real de trabajo.
Al ratificar el apoyo del Estado provincial a los festivales, Llaryora no sólo defendió una tradición: defendió una idea de país donde la cultura no se ajusta, no se desprecia y no se reduce a una planilla de Excel. En Cosquín, Córdoba volvió a marcar distancia de una mirada que desconoce el valor simbólico y material de lo popular, y eligió sostener una política que entiende que la cultura también es desarrollo.
(*) Periodista y editor de Punilla a Diario.
